Marginados por olvido. Marginados por la Administración.

Hoy os dejamos un par de noticias con tres meses de tiempo de diferencia entre ambas.

He aquí el amparo de nuestras instituciones, de nuestra Administración. Les importamos un pimiento, pero mañana vendrán a mendigarnos los votos. ¡Que os vayan dando, mamones!

 

Se busca un cuarto de solvencia a cambio de una tonelada de corbatas Pierre Cardin.

Razón: ciudad de Badajoz

 

 

7 DÍAS EXTREMADURA - ABRIL 2018

 

A través de una carta a la redacción de 7Días, vecinos del Casco Antiguo de Badajoz han denunciado que “la misma familia que tiene una vivienda ocupada en la calle El Brocense, frente a la Torre de Espantaperros, ha ocupado otra vivienda en la calle El Brocense esquina con calle San Lorenzo.

 

Manifiestan que han estado manipulando los cables ubicados en esa confluencia, ya que, “debido al lamentable estado en que se encuentran tienen fácil acceso, e incluso debido a esa manipulación estuvieron las calles sin luminarias dos días”.

Por si fuera poco, “ayer rompieron el suelo público de la calle San Lorenzo para conectarse a la arqueta de agua, mientras la Policía Local no hace nada, pues se ha limitado a pedirles el DNI no manteniendo una mínima vigilancia, a sabiendas del carácter violento de estas personas”.

Cada día pasan turistas por esa zona y cada día se encuentra en peor estado, “nos han comentado a los vecinos que les da miedo pasar por la calle”, ya que en su parte de arriba (donde ocuparon la primera vivienda) se agrupan en la calle “impidiendo el paso e intimidando a muchas personas que por allí pasean”.

Esta es solo una de las problemáticas actuales que ofrece la vida diaria en el Casco Antiguo, mientras el equipo de Gobierno mira para otro lado.

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DIARIO HOY - ENERO 2018

 

Los inquilinos legales del monumento denuncian que el mantenimiento es deficiente y que hay residentes que no pagan el alquiler

Natalia Reigadas - Badajoz, Jueves, 11 enero 2018

 

Las Casas Coloradas son uno de los símbolos más reconocibles de Badajoz. El blanco, rojo y gris de su fachada, que representan al Arzobispado de Badajoz, ya que financió su construcción, se recuperaron hace 12 años para convertir el edificio en 22 viviendas. Estos años, sin embargo, han estado llenos de conflictos entre los inquilinos y la Junta de Extremadura, propietaria del inmueble. Ahora hay nuevos problemas como el impago de algunos vecinos o la ocupación ilegal de una casa anexa al monumento.

Los okupas llegaron hace más de un mes. Además de las Casas Coloradas, la Junta es propietaria de una vivienda anexa, pero independiente. Se encuentra justo al pasar el Arco del Toril, en el acceso a la calle El Brocense. Ha sido reparada para ser una vivienda de promoción pública y estaba pendiente de ser adjudicada.

Los ocupantes han enganchado la luz ilegalmente y sacan el agua de una arqueta cercana. Cada vez que realizan la operación, el agua se extiende por la calle El Brocense. Además de esta, los vecinos se quejan de la presencia de los okupas porque consideran que degrada una zona que ya cuenta con graves problemas de marginalidad.

La Consejería de Sanidad y Políticas Sociales explica que los trabajadores sociales se pusieron en contacto con la familia que ha ocupado ilegalmente el inmueble para intentar recuperarlo. Ante su negativa, la administración ha presentado una denuncia por usurpación y deben esperar a que el juzgado les facilite una orden de lanzamiento para desahuciar a los actuales inquilinos.

Para los vecinos de las Casas Coloradas esta solo es una muestra más de los problemas a los que se enfrenta este edificio emblemático que consideran que la administración ha abandonado en los últimos años y que nunca ha gestionado de forma efectiva.

Los residentes más veteranos han elaborado un escrito en el que detallan los problemas que han asumido en los 12 años de historia de estas viviendas. Denuncian que el mantenimiento siempre ha sido deficiente y explican que cada vez que reportaban una avería, la Junta tardaba semanas y meses en responder, si es que lo hacía. Por ejemplo, han tenido constantes problemas de humedades y con las ventanas, por las que entra el viento.

La Junta ha intentado que los okupas se marchen pero se han negado, por lo que han denunciado para poder desahuciarles

En 2012 hubo un cambio de gestión. La Junta recuperó el control de las rentas de estas viviendas, que hasta entonces estaban en manos de la Sociedad Estatal de Alquiler. Poco después acordó rebajar los precios para volver a ocupar los pisos que habían quedado vacíos y a cambio que los residentes se conformasen en una comunidad de vecinos que costease parte del mantenimiento como en cualquier edificio.

El sistema, sin embargo, ha fracasado porque hay algunos inquilinos que no solo no pagan la comunidad sino que tampoco asumen el alquiler. Cada vez que tienen que asumir una derrama, los inquilinos se ven obligados a denunciar para que la Junta, como propietaria, pague la parte de los que no asumen los gastos de comunidad. Además siguen sin reparar, aseguran, las deficiencias del edificio.

Visitas a las casas afectadas

La Consejería de Políticas Sociales responde que conoce esta situación desde el pasado mes de junio, cuando el administrador de la comunidad les informó de los impagos. «La Secretaría General de Vivienda está realizando un estudio de los adjudicatarios de dichas viviendas para poner en su conocimiento la obligatoriedad del pago del alquiler y serán los trabajadores sociales los que realizarán visitas a los domicilios para ver la situación en que se encuentran dichas viviendas», asegura la administración.

Los afectados responsabilizan de esta situación al proceso de adjudicación de los pisos. Recuerdan que la Junta se comprometió a reservar estas viviendas para menores de 35 años que fuesen solventes y con proyección de futuro en el barrio. Aseguran que los nuevos adjudicatarios son más mayores y con problemas de impagos. La Junta, sin embargo, asegura que no ha cambiado el sistema. «Se adjudican a solicitantes que no pudiendo hacer frente a un alquiler privado, cuentan con un nivel de ingresos y una situación familiar que les permiten hacer frente al pago de una renta, por lo que no pueden ser solicitantes de Viviendas de Promoción Pública (VPP)», defiende la administración.

Por últimos los inquilinos insisten en que las casas necesitan una reforma en profundidad. La Junta ha destinado 150.000 euros a este edificio, pero solo 23.000 de ellos son para el interior. El resto es para repintar la fachada, lo que se hará a mediados de año. Las obras interiores ya se han acometido, pero los vecinos las tachan de chapuza.